El marco cuestiona una receta que puede reactivar cifras sin corregir la concentración, la desigualdad y los límites distributivos del modelo.
El diagnóstico del gobierno es correcto en una parte esencial: Chile ha perdido dinamismo. El crecimiento de la última década se ha movido en torno al 2%, lejos del 5% que marcó los años 90 y principios de los 2000. La inversión también se ha estancado cerca del 22%–23% del PIB, por debajo de los niveles que acompañaron ese ciclo de expansión.
Hasta ahí, hay consenso.
La diferencia aparece en lo que se hace con ese diagnóstico. El plan económico del gobierno asume que el problema central es la falta de crecimiento y que, por lo tanto, la solución es reactivar la inversión privada mediante incentivos tributarios: reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% y simplificar regulaciones.
Es una lógica conocida. Chile ya la aplicó durante décadas. Y es importante decirlo con precisión: funcionó en términos de crecimiento. Pero no resolvió —y en algunos casos profundizó— otros problemas estructurales.
Porque el crecimiento en Chile nunca fue neutro. Mientras el país expandía su PIB y reducía la pobreza, también consolidaba una estructura donde la riqueza se concentraba de forma persistente. Distintas estimaciones sitúan al 10% más rico concentrando cerca del 60% del patrimonio, una cifra que no es un efecto colateral, sino parte del diseño económico.
Esa tensión no es teórica. Es política. Y tiene historia reciente.
El estallido social de 2019 no ocurrió en una economía colapsada. Ocurrió en un país que había crecido, pero donde amplios sectores percibían que ese crecimiento no se traducía en seguridad económica, acceso equitativo a servicios o movilidad social real. Es decir, el problema no era la ausencia de crecimiento, sino su distribución y sus límites.
El plan actual no aborda ese punto de fondo. Lo posterga.
Además, lo hace en un contexto distinto al de los años en que esa estrategia mostró mejores resultados. Hoy Chile tiene una carga tributaria cercana al 21% del PIB, considerablemente menor al promedio de la OCDE, que supera el 30%. Reducir impuestos en este escenario implica una decisión concreta: limitar la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, en un momento donde esas demandas no han disminuido.
El argumento oficial es que un mayor crecimiento compensará esa pérdida de ingresos. El problema es que esa relación no es automática. En la última década, incluso en años de expansión, el crecimiento no se tradujo proporcionalmente en mejoras en salarios reales ni en reducción significativa de desigualdad.
Y aquí aparece la pregunta que el plan evita responder directamente:
¿Es suficiente crecer más… o el problema es cómo se crece?
Porque si el crecimiento reproduce las mismas dinámicas —alta concentración, baja movilidad, servicios desiguales—, el resultado puede ser el mismo que Chile ya vivió: una economía que avanza en cifras, pero una sociedad que no percibe ese avance en su vida cotidiana.
El gobierno apuesta a que esta vez el crecimiento será distinto.
La historia reciente sugiere algo más incómodo:
que crecer, por sí solo, nunca fue suficiente.
El marco ordena la discusión en torno a crecimiento, inversión, capacidad fiscal y distribución de los beneficios.
La propuesta económica del gobierno se inserta en un diagnóstico ampliamente compartido: la economía chilena ha experimentado una desaceleración sostenida en la última década. Mientras entre 1990 y 2010 el país crecía en torno al 5% anual, en los últimos años ese ritmo se ha reducido a cifras cercanas al 2%, según estimaciones del Banco Central.
Este cambio ha estado acompañado por una menor dinámica de la inversión, que actualmente se sitúa en torno al 22%–23% del PIB, por debajo de los niveles que caracterizaron periodos de mayor expansión. A esto se suma un entorno internacional más incierto y un aumento en las demandas internas por gasto social.
El plan del gobierno busca revertir esta tendencia mediante un conjunto de medidas orientadas principalmente a incentivar la inversión privada y mejorar las condiciones para la actividad productiva. Entre las principales iniciativas se encuentran:
- Reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%
- Simplificación de permisos y procesos regulatorios, con el objetivo de reducir tiempos de aprobación de proyectos
- Medidas de apoyo al empleo y pymes
- Compromiso de equilibrio fiscal en el mediano plazo
Desde el punto de vista económico, estas medidas corresponden a una estrategia de estímulo a la oferta, enfocada en aumentar la capacidad productiva del país a través de mayor inversión.
Sin embargo, el debate en torno al plan no se centra únicamente en sus instrumentos, sino en sus posibles efectos y limitaciones.
Uno de los principales puntos de discusión es el impacto fiscal de la reducción de impuestos. Chile mantiene una carga tributaria cercana al 21% del PIB, inferior al promedio de países desarrollados, lo que abre interrogantes sobre la capacidad de financiar políticas públicas en el corto plazo, especialmente en áreas como salud, pensiones y educación.
Otro elemento relevante es la efectividad de los incentivos a la inversión. Si bien existe consenso en que la inversión es un componente clave del crecimiento, su respuesta a cambios tributarios y regulatorios depende también de factores externos, expectativas económicas y condiciones globales.
Un tercer aspecto es la distribución de los beneficios del crecimiento. La experiencia chilena muestra que periodos de expansión económica han estado acompañados de mejoras en indicadores sociales, pero no necesariamente de reducciones proporcionales en desigualdad, lo que mantiene abierto el debate sobre el rol del Estado en la redistribución.
En este contexto, el plan puede entenderse como un intento de reactivar el crecimiento económico en un escenario más complejo que el de décadas anteriores, donde convergen menores tasas de expansión, mayores demandas sociales y restricciones fiscales.
Más que una solución única, la propuesta plantea una orientación económica cuyo resultado dependerá de múltiples factores: la implementación de las medidas, la respuesta de la inversión, y el entorno económico tanto interno como externo.
El diagnóstico sobre la desaceleración es compartido.
La discusión sigue abierta en torno a cómo enfrentarlo.
El marco lee la desaceleración como una consecuencia de menos inversión, más incertidumbre y un país que dejó de priorizar el crecimiento.
Chile no llegó a crecer 2% por casualidad. Llegó ahí después de una década en que la inversión dejó de ser prioridad, la regulación se volvió más incierta y el crecimiento pasó de ser objetivo a ser una variable secundaria en el debate político.
Los datos son conocidos, pero rara vez se enfrentan de forma directa. Entre 1990 y 2010, Chile creció en promedio cerca del 5% anual, duplicó su ingreso per cápita y redujo la pobreza de más de 60% a menos de 15%. Ese ciclo no fue producto del azar: coincidió con niveles de inversión sobre el 25% del PIB, apertura económica y un marco regulatorio relativamente estable.
Ese ciclo se agotó. En la última década, el crecimiento se ha movido en torno al 2%, mientras la inversión ha caído o se ha estancado en torno al 22%–23% del PIB. No es una diferencia menor: en economías pequeñas y abiertas como la chilena, tres puntos de inversión pueden definir si un país converge o se queda atrás.
A eso se suma un factor menos visible, pero igual de relevante: el tiempo. Proyectos de inversión que en otros momentos se resolvían en pocos años hoy pueden tardar cinco, siete o incluso más de diez años en aprobarse, dependiendo del sector. En ese contexto, el capital simplemente se mueve a otro lugar. No protesta. Se va.
El plan económico del gobierno parte de esa constatación. No intenta reinventar el modelo, sino corregir lo que dejó de funcionar: reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, simplificar permisos, restablecer señales de disciplina fiscal. En otras palabras, volver a hacer de Chile un lugar donde invertir tenga sentido.
La crítica es predecible: que esto favorece a las empresas, que reduce la recaudación, que no garantiza equidad. Todo eso puede ser cierto en parte. Lo que no se discute con la misma honestidad es lo siguiente: sin crecimiento, ninguna de esas discusiones tiene solución sostenible.
Chile ya intentó avanzar en demandas sociales en un contexto de bajo dinamismo. El resultado no fue más igualdad, sino más tensión: expectativas crecientes con una economía incapaz de financiarlas al mismo ritmo. Esa es, en parte, la raíz del desajuste político que el país arrastra desde hace años.
El Banco Central ha sido consistente en esto: el crecimiento potencial de Chile se ubica en torno al 2%. Es decir, el país hoy no está diseñado para crecer más que eso sin cambios estructurales. Pretender aumentar el gasto, mejorar servicios y sostener mayor bienestar sobre esa base es, en el mejor de los casos, optimista.
El gobierno apuesta a modificar esa trayectoria desde su origen: la inversión. Puede discutirse si la rebaja tributaria será suficiente, si la simplificación regulatoria será efectiva o si el contexto internacional acompañará. Pero el diagnóstico es difícil de esquivar:
Chile no está frenado por falta de ideas.
Está frenado por falta de crecimiento.
Y sin resolver eso, el resto —desigualdad, servicios públicos, pensiones— deja de ser un problema de política… y pasa a ser un problema de aritmética.