Modifica la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa

• El Subsecretario del Interior podrá decretar una expulsión no solo por seguridad interior o exterior, sino también, en casos calificados, por razones de orden público.
• El plazo para reclamar ante la justicia contra una expulsión decretada por el Subsecretario del Interior baja de 10 a 5 días corridos.
• Si el extranjero expulsado por el Subsecretario tiene una causa pendiente por un simple delito (un delito menos grave que un crimen), el Ministerio del Interior podrá pedir al tribunal expulsarlo de inmediato. El juez accederá si la pena posible no supera los 3 años y la persona no tiene condenas anteriores, y la causa quedará suspendida (sobreseimiento temporal).
• En expulsiones por causas graves, el Subsecretario podrá autorizar por resolución fundada a la PDI a entrar al domicilio donde está la persona para detenerla. La Corte de Apelaciones revisará la legalidad de esa detención en un plazo breve y, si no se cumplen los requisitos, ordenará liberarla.
• Se deberán tomar los datos biométricos (como huellas o rasgos faciales) de los extranjeros mayores de 18 años en situación migratoria irregular, para incorporarlos al Registro Nacional de Extranjeros. Si una unidad policial no tiene los equipos, la persona podrá ser trasladada a otra por un máximo de 24 horas.

Afecta a las personas extranjeras con una orden de expulsión o en situación migratoria irregular en Chile, y a la Subsecretaría del Interior, la PDI y los tribunales, que tendrían nuevas facultades y tareas.

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