Modifica la ley N° 21.802, que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito

• Las municipalidades podrán contratar inspectores de seguridad bajo el Código del Trabajo; serán funcionarios públicos y responderán administrativamente por sus actos.
• Lo que se pague a esos inspectores no contará para el límite de 42% de gasto en personal, pero no podrá superar el 4% de los ingresos propios del municipio del año anterior.
• La Subsecretaría de Desarrollo Regional, con visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá subir ese tope hasta 20% para un municipio que lo pida, considerando sus finanzas.
• Sus sueldos no podrán ser mayores que los del personal de planta o contrata que hace la misma función, y sus indemnizaciones quedarán limitadas a las del Código del Trabajo.
• El examen de idoneidad física y psicológica podrá hacerse en centros de salud públicos o privados; el personal que ya trabaja tendrá 12 meses para acreditarlo.
• La exigencia de licencia de conducir clase F para manejar vehículos de seguridad municipal empezará a regir 36 meses después de publicada la ley, y el Estado firmará convenios para facilitar los cursos.

A las municipalidades que tienen o quieren tener personal de seguridad, a los inspectores de seguridad municipal y, en la práctica, a los vecinos de comunas que dependen de ese patrullaje.

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