En 2025 se creó el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial y unirá la asesoría legal gratuita, el apoyo a víctimas y la mediación familiar. Este proyecto cambia el calendario de su llegada a regiones: posterga la primera etapa a enero de 2028 y junta las dos siguientes en enero de 2029. Además, simplifica el traspaso del programa de atención a víctimas y acorta el plazo con que se nombra a los directores regionales.
Nombre oficial: Modifica la ley N° 21.780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, con el objeto de otorgar mayor eficiencia al proceso de implementación del servicio
Mayoría simple · votado el 11/11/2026 19:26
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Explicado con inteligencia artificial a partir del texto con que el proyecto ingresó al Congreso; pudo cambiar en su tramitación y puede contener errores. Ver el documento original.
Afecta a las personas que usan asesoría jurídica gratuita, mediación familiar o apoyo como víctimas de delitos, que seguirán atendidas por las instituciones actuales hasta que llegue el nuevo servicio a su región. También a los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial y del programa de atención a víctimas, cuyo traspaso cambia de fecha.
A favor Votar a favor es apoyar que el nuevo servicio de acceso a la justicia llegue a regiones en dos fechas (2028 y 2029) y que el programa de atención a víctimas se traspase de forma directa.
En contra Votar en contra es mantener el calendario original, con la primera etapa en mayo de 2027 y tres etapas en total, y el traspaso del programa de víctimas en dos pasos.
Fuente: Senado, actualizado 24/10/2026 23:14.
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Andrea Balladares Letelier
Miguel Ángel Becker Alvear
Luciano Cruz-Coke Carvallo
Alfonso De Urresti Longton
Rojo Edwards
María José Gatica Bertin
Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen
Sebastián Keitel Bianchi
Enrique Lee Flores
Andrés Longton Herrera
Iván Moreira Barros
Paulina Núñez Urrutia
Manuel José Ossandón Irarrázabal
Gustavo Sanhueza Dueñas
Ignacio Urrutia Bonilla
Cristian Vial Maceratta
Matías Walker Prieto
Nadie votó en contra.
Nadie.
Danisa Astudillo Peiretti (pareo)
Karol Cariola Oliva (pareo)
Rodolfo Carter Fernández (pareo)
Juan Luis Castro González (pareo)
Fidel Espinoza Sandoval (pareo)
Camila Flores Oporto (pareo)
Carlos Ignacio Kuschel Silva (pareo)
Javier Macaya Danús (pareo)
Ximena Ordenes Neira (pareo)
Arturo Squella Ovalle (pareo)
Renzo Trisotti Martínez (pareo)
Enrique Van Rysselberghe Herrera (pareo)
Esteban Velásquez Núñez (pareo)
Paulina Vodanovic Rojas (pareo)
Pedro Araya Guerrero
Karim Bianchi Retamales
Miguel Ángel Calisto Águila
Fabiola Campillai Rojas
Loreto Carvajal Ambiado
Ricardo Celis Araya
Daniella Cicardini Milla
Iván Flores García
Sergio Gahona Salazar
Francisco Huenchumilla Jaramillo
Diego Ibáñez Cotroneo
Alejandro Kusanovic Glusevic
Vlado Mirosevic Verdugo
Daniel Núñez Arancibia
Claudia Pascual Grau
Yasna Provoste Campillay
Gastón Saavedra Chandía
Alejandra Sepúlveda Orbenes
Beatriz Sánchez Muñoz
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En la Sala del Senado, el 11/11/2026, hubo 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Senado no publica si una votación se aprobó: depende del quórum que exija cada norma.
El servicio empezará a atender en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso el 1 de enero de 2028, y no en mayo de 2027 como estaba previsto. En el resto de las regiones (Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes) partirá en una sola fecha, el 1 de enero de 2029. Antes estaban divididas en dos etapas, a los 30 y 48 meses de publicada la ley, en noviembre de 2025. Las Corporaciones de Asistencia Judicial seguirán funcionando mientras tanto: las de Tarapacá y Antofagasta y la de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 2027, y las de la Región Metropolitana y del Biobío hasta el 31 de diciembre de 2028. El programa Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas pasará directamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito al nuevo servicio, sin la etapa intermedia en la Subsecretaría de Justicia. El Presidente tendrá un año para dictar las normas que traspasen al personal y los bienes del programa.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del texto del proyecto; puede contener errores.
Ningún comité votó en contra.